Hay que distinguir claramente entre los que son informales para ganarse el pan de cada día y quienes lo hacen para evadir el pago de impuestos.

Miles de peruanos buscan ganarse el pan de cada día. Les llaman “informales” y muchas veces son tratados como si fueran delincuentes. En realidad, son peruanos que trabajan para sobrevivir y aspiran a mejores condiciones de vida. El Estado no puede tratarlos como si fueran una masa homogénea de personas que delinquen y a los que tiene que reprimir violentamente, más aún en estos tiempos de pandemia en que se han perdido miles de puestos de trabajo.

La idea más común de informalidad es la de alguien trabajando solo o con unos pocos, con un capital de trabajo muy limitado que puede ir desde una caja de golosinas hasta una carretilla de emoliente en la calle. O, si produce alguna mercadería, lo hace en su hogar con un poco de herramientas.

Sin embargo, hay “otra informalidad”. La del propietario de 10 combis que ocupa a 20 personas con trabajo a destajo como choferes y cobradores; o como el propietario de un corralón que acopia la mercadería de 100 recicladores, a quienes les paga 30 soles por día; la informalidad del médico de una clínica de lujo que solo acepta pago en efectivo y deposita en el banco miles de soles.

Hay que decirlo claramente: los primeros son informales, mientras los segundos son evasores de impuestos. Pero son los segundos que, gracias a su poder económico, se disfrazan de los primeros para seguir explotando a sus trabajadores y evadir el pago de impuestos.
En nuestro análisis, hay informales que en realidad son evasores de impuestos. Ellos pueden ser formales de manera instantánea a través de una agresiva política de supervisión tributaria y laboral; donde la SUNAT comparta con el Ministerio de Trabajo información sobre el movimiento de dinero en el sistema financiero de aquellos sin oficio conocido y la SUNAFIL actúe.

La informalidad que es genuina, es la de un hogar de ancianos donde la esposa hornea bizcochos y el esposo los vende en un semáforo, que debe ser erradicada con Pensión 65 universal. La del escolar que vende caramelos para comprarse sus útiles escolares, debe ser erradicada con una escuela pública que provea tres comidas al día, útiles escolares, uniforme y calzado. La de la madre que es vendedora ambulante para poder comprar alimentos a su recién nacido o medicinas para su salud, debe ser erradicada con una salud pública que provea un año de alimentos al recién nacido y la atienda con seguro de salud universal.

La informalidad de quienes quedaron desactualizados en las nuevas tecnologías para reparar electrodomésticos, hacer diseño o dibujo, mantenimiento mecánico u otros y se quedaron sin trabajo, deben recibir capacitación gratuita del Estado para actualizarse y elevar así su productividad e ingresos.

Finalmente, para aquellos jóvenes que todavía están en la escuela pública, la jornada escolar será completa y con alimentos. En secundaria podrán optar entre continuar estudios en la universidad o en un tecnológico público de calidad. Así podrán prepararse para insertarse bien en una economía diversificada que los necesita.

Respecto al Salario Mínimo, este debe alcanzar los 1500 soles y mantenerse congelado por 5 años con la inflación controlada como la que tenemos. Si los hogares recibirán educación pública gratuita (alimentos, útiles, uniforme), salud pública gratuita y Pensión 65 universal (con ingreso de subsistencia para todos), estas tres compensaciones elevarán la calidad de vida de los hogares más que cualquier magro incremento anual del salario mínimo.

El mercado laboral subsistirá como se le conoce, pero los hogares tendrán un piso de subsistencia que eliminará el trabajo informal, el cual en realidad es una respuesta a la alta desigualdad y está funcionando como un seguro de desempleo.
Marco Arana es el candidato del Frente Amplio. | Fuente: Difusión
Vía RPP